Poder Judicial, a prueba con el despojo a empresarios hoteleros de Tulum

  • Este caso es un claro ejemplo de corrupción e impunidad, una anomalía que va en contra de la lucha del Presidente Andrés Manuel López Obrador * Ya se cumplieron 4 años del despojo con lujo de violencia y en flagrante delito de robo de sus propiedades turísticas a manos de policías estatales y municipales en la administración del gobernador Roberto Borge, quien tiene mucho que ver con este atropello a 17 empresarios extranjeros y mexicanos

 

POR JOSÉ VIEYRA

 

Empresarios hoteleros de Tulum ponen a prueba la administración presidencial de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador ante los ojos del mundo.

Resulta que ya se cumplieron mil 460 días (4 años) de haber sido despojados con lujo de violencia y en flagrante delito de robo de sus propiedades turísticas en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías estatales y municipales en la administración del gobernador Roberto Borge, quien se presume tiene mucho que ver con este atropello a 17 empresarios extranjeros y mexicanos.

El monto de la demanda es por 100 millones de dólares por los daños ocasionados, así lo afirma Luis Parada, quien puntualizó que en estos cuatro años han notado irregularidades en el proceso legal, por lo que sus compañeros de Francia, Portugal, Canadá y Argentina han decidido interponer una demanda internacional contra México y contra quien resulte responsable ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington, D. C. para el Derecho Mercantil Internacional, debido a las violaciones que esto representa en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio  de América del Norte, conocido como TLCAN y hoy en día llamado T-MEC (Tratado México-EU-Canadá).

QUERELLA INTERNACIONAL

En la querella internacional se presentan pruebas de cómo las autoridades jurídicas de Tulum, Quintana Roo, y magistrados federales en el gobierno pasado cometieron el delito de robo y violación a los Derechos Humanos a 17 empresarios… y también de los huéspedes extranjeros y mexicanos, pues fueron desalojados de manera humillante hace cuatro años.

Lo increíble es que estando en un gobierno que combate la corrupción y la impunidad, “se tengan que tocar puertas en otros países para que se aplique la justicia”.

Abundó que de los 17 afectados, dos han logrado recuperar  sus bienes y un tercero, originario de Canadá,  a pesar de que los tribunales colegiados fallaron en su favor, el juez IV de Quintana Roo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, no le han restituido las propiedades en las playas de Tulum; su hotel fue derrumbado y ahora existe un restaurante de lujo, Rosa Negra.

Aquí la pregunta que surge es: ¿cómo fue posible que a pesar de estar los inmuebles en juicio, se hayan otorgado licencias de demolición, construcción de funcionamiento y de uso de suelo?

Es inverosímil que en un país donde el Presidente AMLO afirma una y otra vez que ya se acabaron los ‘moches’ y que nada tienen que ver con los gobiernos pasados, no se aplique la ley y la justicia en este caso de los empresarios hoteleros.

EL PRESIDENTE DE LA SCJN TIENE CONOCIMIENTO DEL CASO

Parada explicó que sus vecinos, antes de dar el paso de la demanda internacional, enviaron al escritorio de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, la denuncia sobre el  proceder del juzgado IV de Quintana Roo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, por posibles delitos federales y detener el caso, a pesar de haber ganado un juicio.

Sus vecinos estiman que las pérdidas hasta ahora ascienden a cerca de 300 millones de dólares.

“Nosotros compramos de manera legal. Eran predios vírgenes, donde creamos nuestros propios negocios, hoteles, restaurantes, boutiques; generamos empleos locales, pero una vez que subió la plusvalía del lugar nos sacan a golpes, con amenazas de muerte y sin piedad nos despojan de nuestras tierras en Tulum”, enfatiza Parada.

Asimismo,  indicó.que descansa ‘en el archivo muerto’ de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito de Cancún, Quintana Roo, que conforman: Patricia Elías Cerro Domínguez, María Adriana Barrera Barranco y José Luis Zayas Roldán, la esperanza de la resolución.

Ante esta problemática hacen un llamado de auxilio al Presidente López Obrador para que en su política de lucha contra la corrupción se atienda de manera inmediata la demanda internacional y aplicar la ley y la justicia conforme a derecho. Estaremos pendientes.

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