POR CECILIA GARCÍA/
Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho, dijo que con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se hace la siguiente declaratoria:
Primero: Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Segundo: Comuníquese la presente resolución al Congreso del estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero: Notifíquese, en términos de la normatividad aplicable, el sentido de la presente resolución.
La diputada Sauri Riancho señaló que esta presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para que realice las notificaciones correspondientes.
La petición de declaración de procedencia fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, de la Fiscalía General de la República.
Previamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, mencionó que ni el imputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, ni su defensa, presentaron incidente alguno de recusación. Tampoco se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas o los diputados que integran el Jurado de Procedencia.
La Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio lectura a los documentos de notificación personal, relativos a la cita para esta sesión, tanto a los agentes del Ministerio Público de la Federación y al ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Además, leyó la síntesis y conclusiones del dictamen de la Sección Instructora para conocimiento de la Asamblea.
Un proceso limpio
El presidente de la Sección Instructora, diputado Pablo Gómez Álvarez, destacó que se ha realizado un proceso limpio en el que se han respetado las garantías del inculpado y se han atendido los planteamientos de la Fiscalía, y la Sección Instructora no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial, donde deben presentarse.
Mencionó que lo que es de la convicción de la Sección Instructora es la defraudación fiscal equiparable. “El punto es que la Cámara de Diputados cumpla con su deber y permita que el aparato de justicia se encargue de esta causa penal. Solicito, por tanto, el voto aprobatorio del Jurado”.
La Sección Instructora, dijo, sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el Impuesto Sobre la Renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos.
La defraudación fiscal, añadió, es una conducta frecuente en el país. Pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia. “Defraudar al fisco es robar a la nación porque los ingresos provienen de todos y deben regresar, a través de la acción política, a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común”.
Dan cuenta de escrito
Por instrucción de la presidencia de la Mesa Directiva, se dio cuenta de un escrito del imputado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, donde manifiesta que “es mi derecho no asistir a la sesión de Jurado de Procedencia y que seré representado en la misma por mi abogado defensor. Pido tenerme por comparecido, en los términos del presente escrito acordando de conformidad con lo solicitado respetuosamente”.
Añadió que, con apoyo en el artículo 20, Apartado B, Fracción Octava de la Constitución Política y 113, fracción 11, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ratificó la designación como representante común de su defensa a favor de Alonso Aguilar Zinser.
Posteriormente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, preguntó al licenciado Alonso Aguilar Zinser, “si ante este Jurado de Procedencia acepta y protesta del cargo de defensor que le ha conferido el imputado”.
FGR presenta hechos
La fiscal titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Elizabeth Alcantar Cruz, expuso los hechos sustanciales de la solicitud de declaratoria de procedencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Explicó que de la investigación efectuada dentro de la carpeta con terminación 392-2020, se obtuvieron medios probatorios de los que se desprenden hechos con apariencia de delito y la probabilidad de que el mencionado participó en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Mencionó que el 30 de abril de 2020 Cabeza de Vaca presentó ante el Servicio de Administración Tributaria su declaración anual del ejercicio fiscal 2019 en la que consignó ingresos menores a los realmente obtenidos causando con ello un perjuicio al fisco federal por dejar de pagar la contribución correspondiente. La Procuraduría Fiscal de la Federación, acorde a sus atribuciones, hizo un cálculo de un perjuicio de 6 millones 511 mil 767 pesos como daño al fisco federal.
Por ello, solicitó a la Cámara de Diputados que declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que la Fiscalía de la Federación ejerza acción penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Aclaró que el procedimiento de declaración de procedencia no tiene como fin que se lleve a cabo aquí un proceso penal; no se trata de un juicio penal en contra del gobernador en esta instancia. Este procedimiento sólo es para calificar que el hecho que se imputa es de los calificados como delito y que el sujeto al que se le imputa probablemente participó en la comisión del mismo. El proceso penal en el que se acrediten todos los elementos del tipo penal será ante un juez penal federal competente.
No omitió declarar sus ingresos acumulables
Vía plataforma digital, Alonso Aguilar Zinser, abogado defensor, puntualizó que el gobernador no omitió declarar sus ingresos acumulables. “Nosotros acreditamos que los 42 millones 113 mil 844 pesos constituyeron el monto del precio por la venta del departamento ubicado en la colonia Santa Fe, adquirido por el gobernador y su esposa”.
Precisó que “no hay ninguna prueba de que la familia del gobernador tenga los novecientos y cientos de millones de pesos de los que hablan; “si existe esa prueba, hubieran venido a la Cámara de Diputados a pedir el desafuero por todas esas operaciones”.
Reiteró que la única operación que realizó el gobernador es que le vendió a una empresa un departamento y esa empresa acreditó ante el notario su legítima constitución, estar al corriente del pago de sus impuestos y que el dinero provenía de recursos bancarios.
Refirió que la mayoría de las manifestaciones que hace la Fiscalía no obran en el expediente de la Sección Instructora y no fueron aportadas en su momento por la Fiscalía; por lo tanto, no forman parte de la litis. “Lo que se votará es el dictamen propuesto por la Sección Instructora en el que quedó fuera los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Mencionó que el 19 de marzo 2021 se realizó una audiencia pública en la que, por solicitud de la Sección Instructora, compareció el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Procurador Fiscal de la Federación donde se proporcionó información no corroborada, lo que originó una percepción pública de que el gobernador está acusado de conductas que no cometió.
Por ello, solicitó al Pleno de la Cámara de Diputados, constituido en Jurado de Procedencia, que deseche el dictamen porque de aprobarse se seguirá propiciando la vulneración del derecho de presunción de inocencia del gobernador.
Rechazan moción suspensiva
Previamente a las intervenciones de las y los legisladores, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN), quien solicitaba suspender la discusión, por considerar que se viola el proceso, al no atender a la ley que regula este procedimiento, dado que se tenían 60 días para analizar el dictamen y se aprobó en la Sección Instructora en un solo día; “es imposible que en 24 horas se hayan leído las 9 mil hojas del expediente”
Denunció que se integró a modo la Sección Instructora y no se pronuncian sobre los tres delitos de lo que era acusado. Dijo que se ha decidido utilizar la justicia para ayudar a amigos y perseguir opositores; hay un uso faccioso de la justicia. Llamó a no prestarse a “esta barbaridad con fines electorales y hagamos un procedimiento justo, que valore nuestra obligación de hacer justicia”.
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