De la Ciudad
¡2024, año de riesgo político alto!
Por Guillermo Pimentel Balderas/
En enero del presente año, Integralia Consultores compartió su reporte anual que tituló: “Diez Riesgos Políticos para 2024” en el cual da cuenta, en su Resumen Ejecutivo, que hay peligros que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024.
Su análisis se basa en una de sus metodologías al evaluar el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos.
“Cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta, que puede cambiar durante el año. Puesto que en 2024 se celebran
elecciones presidenciales, legislativas y locales en México, la mayoría de los riesgos que vislumbramos se relacionan, de algún modo u otro, con el proceso electoral”.
Se señala en el documento que el asedio de López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que el presidente emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado, “hacen de 2024 un año de riesgo político alto”
Se menciona que una de las rutas para debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) depende de los resultados de Morena y aliados en los comicios del primero de junio de 2024 (el llamado “Plan C”). Esto, debido a que se renovarán las cámaras de diputados federales y de senadores.
Se advierte que en el hipotético caso de que el oficialismo logre la mayoría calificada en el Congreso federal; es decir, las dos terceras partes de sus respectivos plenos, “López Obrador podría aprovechar los días finales de su mandato para promover algunas reformas constitucionales, entre ellas, la reforma al Poder Judicial Federal para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular”.
Así, apunta Integralia Consultores que la próxima Legislatura comenzará el 1° de septiembre de 2024, mientras que el mandato del presidente López Obrador concluye el 30 de septiembre; es decir, tendría un mes para impulsar, al menos, esta reforma. “Además, si Claudia Sheinbaum (candidata de López Obrador a la presidencia de la república) obtiene el triunfo electoral, es probable que impulse esta propuesta”, advierte.
También, se puede consolidar la captura de la SCJN por parte del Ejecutivo federal, a través del nombramiento de otro ministro afín, tras la salida de Luís María Aguilar el próximo mes de noviembre, o bien mediante la reforma constitucional para elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular.
En el documento se destaca que la presión del Poder Ejecutivo federal sobre el Legislativo y el Judicial ha sido una constante en el actual sexenio. “El presidente López Obrador ha intentado, a través de cinco nombramientos, influir en la conformación y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que las personas ministras desestimen (o tarden en resolver) las impugnaciones impulsadas por la oposición en contra de normas generales y actos concretos de la agenda de gobierno”.
En ese sentido –se puntualiza- “los nombramientos de las ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama constituyen una declaración de principios sobre el tipo de perfiles que el presidente López Obrador ha priorizado: fieles políticamente y defensores de los temas de interés para el gobierno”. ¡No hay duda, está en riesgo la democracia y el futuro del país!
Dice mi abuelita: Muy bien lo que dijo Manuel J. Clouthier (QEPD): “Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”. ¿A la
Tati?
Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com
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