Desde la jefatura de redacción/
El Consejo de la Judicatura Federal y el Ministerio de Justicia de Canadá intercambiarán experiencias y mejores prácticas para garantizar que las mujeres adolescentes y adolescentes indígenas sujetas a proceso, sean juzgadas tomando en cuenta sus características, condiciones
específicas y necesidades especiales.
En marco del Proyecto de Cooperación Canadá-México sobre Justicia, el consejero Bernardo Bátiz Vázquez aseguró que al país le preocupan los delitos que cometen los adultos, pero más alarmante son los agravios en los que se ven involucrados las niñas, niños y adolescentes.
Señaló que en el caso de adolescentes que comenten algún ilícito, las autoridades deben preguntarse antes que nada, porqué hay delitos, cómo surgen y qué ambientes los propician; ello al inaugurar los trabajos de la Conferencia sobre Justicia Penal para Adolescentes: las necesidades específicas de las mujeres adolescentes y adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal.
La consejera magistrada Lilia Mónica López Benítez subrayó que en México y en otras partes del mundo, las mujeres enfrentan discriminación estructural y desigualdades arraigadas que pueden agravar su experiencia en el sistema de justicia penal.
Al referirse a las adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal, López Benítez señaló que deben ser tratadas con respeto y dignidad. De ahí la importancia de que se analice el derecho internacional en la materia, los informes sobre las circunstancias de los adolescentes en el juicio y previo al dictado de la sentencia, así como la reinserción post sanción.
El embajador de Canadá, Graeme C. Clark resaltó que las mujeres adolescentes y los adolescentes indígenas merecen un sistema de justicia que les trate de manera justa y equitativa, porque es importante para ellas y ellos, para sus comunidades y para ambos países.
Indicó que el propósito de este intercambio de buenas prácticas entre especialistas de ambas naciones, es garantizar el acceso a la justicia y lograr la plena reconciliación con los pueblos indígenas, que es una tarea pendiente de nuestras sociedades, y en el caso canadiense es una prioridad absoluta del gobierno.
Antonio Hazael Ruíz Ortega, comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que en el ámbito nacional 4 mil 936 personas adolescentes y adultas jóvenes están sujetas al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de las cuales 398 son mujeres y 4 mil 538 son hombres. Los delitos más comunes son: violación, homicidio, portación de arma de fuego.
“Estos datos dan posibilidad de visualizar áreas de oportunidad en donde se debe incidir para tener más y diferentes resultados. Nuestro país tiene la firme voluntad de cumplir las disposiciones jurisdiccionales y hacer mejor esfuerzo para atender a poblaciones,comunidades y grupos que históricamente han sido sometidos a la discriminación”, añadió.
En el acto protocolario también participó Rosa Aimeé Leal Olguín, directora general para la Reconciliación y Justicia, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Secretaría de Gobernación, quien habló de la importancia de trabajar en la justicia restaurativa, que asegura un enfoque de apoyo a las víctimas.
En el presídium estuvo presente también el juez Antonio González García, titular de Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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