Por Aquiles A. Prieto
(Investigación Especial)
Ciudad de México.- Bajo la modalidad del llamado aseguramiento de inmuebles, ciudadanos de diferentes colonias, barrios y unidades habitacionales enfrentan las acciones unilaterales de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la FGJCDMX, que con toda la fuerza policiaca amedrentan a los propietarios para que desalojen sus viviendas dejándolos en la calle.
Una investigación sobre este accionar de funcionarios de la fiscalía señalada, revela que actúan por prepotencia, amedrantamiento y con documentos que son presentados al habitante de la vivienda, sin ser notificado como lo establece la Ley en la materia.
Esta situación la enfrentó el pasado día 17 de agosto, la ciudadana María Aurora Esquivel Muñoz, de 78 años de edad en su domicilio ubicado en la calle de Excelsior No. 5, colonia Industria Vallejo, al ser desalojada por una presunta investigación sobre su vivienda de lo cual no fue notificada.
Al lugar arribó un presunto agente de investigación con un notificación con fecha del 11 de agosto, para que se presentara el 14 de agosto, el cual desconocía la imputada y para el 17 de agosto llegó con la fuerza pública para que la Sra. María Aurora, desalojara el inmueble que habita desde hace más de 40 años, sin tener problema alguno por lo que no tuvo más opción que quedarse en la calle, con unos cuantas mudas de vestir y sus documentos personales más importantes, porque fueron colocados sellos de aseguramiento
La notificación de la que nunca tuvo conocimiento la propietaria del inmueble, fue ordenada por Rosalba Lara Ramírez, Agente del Ministerio Público de la FIDAMPU, en un operativo realizado por un Agente de Investigación que conminó a la Sra. María Aurora Esquivel Muñoz, a salir de su casa para colocar sellos y asegurar la vivienda, con la presencia amenazante de la fuerza pública, por si oponía resistencia.
Esto fue calificado por vecinos de la colonia, como una acción inhumana y con el temor de constituir un despojo de la vivienda que ha habitado por más de 40 años, tal como ha sucedido en otras alcaldías, donde preferentemente se ejecutan este tipo de acciones en inmuebles supuestamente abandonados, de colonias del centro histórico, así como en las de alta plusvalía.
De acuerdo a el modus operandi de esta fiscalía, detectan primero si la gente que habita los inmuebles son adultos mayores, si viven en zonas rurales de las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, para proceder mediante notificaciones amañadas a sembrar el terror entre las persones y en caso de que no tengan medios de defensa jurídica que pasen a manos de la fiscalía de la que se desconoce que hacen con esas viviendas confiscadas.
Con toda la impunidad y al amparo de la Fiscalía, operan sin límite y de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de -Seguridad Pública, se realizan 11.2 despojos por día, quedando bajo este aseguramiento unos 106 inmuebles de los cuales sólo se restituyeron 75, el resto se desconoce su paradero
La versión de la Sra. María Eugenia Esquivel Muñoz, es que nunca fue notificada y resultó que tiene abierta una carpeta de investigación en la FIDAMPU, por lo que teme que sea despojada sin cometer delito alguno y por ello, apeló a la Fiscal Ernestina Godoy, para que se revise la actuación de los servidores públicos, porque los ciudadanos pueden estar ante la amenaza de una confabulación de funcionarios para despojar de sus viviendas a los ciudadanos
Esta política calificada como criminal por vecinos del lugar, también tiene sus límites porque hay agravantes al Artículo 130 del Código en la materia, que establece: » Si el delito es cometido por algún servidor público y por la naturaleza de sus funciones intervenga de manera diera o indirecta se impondrá el doble de sentencia de lo que estipula el delito que van de 1 a 12 años de prisión», por ello se espera que intervenga la Fiscal Ernestina Godoy, para investigar el accionar de estos servidores públicos.
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