ROMPECABEZAS/
ABEL LUNA ESPINOSA/
“PROTESTO GUARDAR Y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”
El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador así lo expresó ese día primero de diciembre de 2018 ante los integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores. E inclusive agregó al final de su lectura en voz alta: “que el pueblo me ha conferido de manera democrática”.
Y para que no lo olvide, el Artículo 87 de la Constitución es aplicable para todos y cada uno de los mexicanos permanentemente, de día, de noche, y debería someterse por encima de las ocurrencias y antojos que después veríamos en el panorama nacional.
Además, para que tampoco se olvide al Ejecutivo y sus comparsas, que apenas ganó la presidencia con 30 millones, 113 mil, 483 votos a su favor (53.1 por ciento); su más cercano contendiente, el panista Ricardo Anaya Cortés, registró en las urnas 12 millones 610 mil 120 papeletas a su candidatura; y en tercer lugar quedó el priista José Antonio Meade Kuribeña, con 9 millones 289 mil 853 votos.
Al paso de los años las imposiciones han sido la norma cotidiana; el hombre se ha enfrentado a los otros poderes de la Unión, y sus cuestionamientos lo han llevado hasta desatender los llamamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ocasiones.
Sin embargo, permítame, estimado lector, adelantarle que el desasosiego e inconformidad llegarán a las urnas para el año próximo.
Si los votantes sacaron al guanajuatense de las botas Vicente Fox Quezada y al mexiquense Enrique Peña Nieto del poder presidencial, y con ello pudimos darnos cuenta de que los votos sí pueden generar cambios en muchos aspectos del quehacer nacional.
¿Esos 8 millones de votantes de reciente ingreso que tendrá el padrón para el año próximo sin duda estarán atentos frente a la expectativa del cambio efectivo como respuesta contundente a este clima de inseguridad, de incertidumbre laboral, de la crisis en el sector salud, de insuficiencias constantes en la educación?
Todo ello por encima de los niveles de “aceptación” derivadas de los resultados de los encuestadores. Señores, el país no está para la feria de las vanidades o la pasarela de los egos.
Los nombramientos de secretarios ineptos, más llenos de soberbia que de capacidad para el desarrollo adecuado de sus funciones, está repercutiendo en todo el país.
EN OTRO TEMA. El recordatorio, casi flagelante, de los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 2 de junio de 1971, en la perspectiva mueve a la necesidad imperiosa de reconocernos y tomar decisiones como país de hacia dónde vamos, qué acciones podrían emprenderse frente a los abusos cometidos en esos tiempos.
Gran parte de los participantes han muerto, de los bandos participantes se ha tendido el velo del olvido, archivos destruidos o mutilados para evitar las sanciones o el castigo a los perpetradores de tantas y tantas muertes, de tantas y tantas atrocidades.
Hace un tiempo, me dijeron, en un espacio cerrado y sellado, con vigilancia permanente en la Cámara de Diputados estaban los documentos originales de los sucesos apuntados arriba, pero como ha sucedido como inmensidad de nuestros acervos nacionales fueron sacados y hasta donde puede saberse fueron vendidos por la esposa de un comentarista de televisión que aún anda por ahí.
Allí estaban claras las participaciones del 68 y del 71 de los políticos, los funcionarios, los militares, quienes en su mayoría, reitero, ya han muerto.
Sin embargo, entre quienes estuvieron allí y tomaron decisiones sus familias apenas tienen recuerdos, y si tienen documentos los han escondido para evitar el escarnio público, como el notorio caso del entonces presidente Luis Echeverría Alvarez; a quien, por cierto, allá por los años foxistas, se pretendió juzgarlo con una fiscalía pero todo quedó en buenas intenciones porque por principio el fiscal que fue nombrado para ese tema ni siquiera había tenido experiencia como litigante.
EN LOS ARCHIVOS del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional estarán los documentos probatorios de las culpabilidades que pudieran tener los policías y militares involucrados en el controvertido caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Muy lamentables las posiciones de ocultamiento que ha tenido este gobierno en torno a este tema. Pero, como los hechos del 68 al 71 por muchos polvos, destrucciones y desvíos que puedan darse la terca realidad tarde que temprano regresarán al escenario nacional.
Así como los documentos del CISEN en los del Ejército habrá infinidad de sorpresas, pero lo grave es que en ambos sectores el oscurantismo y el velo de impunidad ha prevalecido frente a las leyes, las normas y los reglamentos.
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