Desde la jefatura de redacción/
El senador Gilberto Herrera Ruiz afirmó que es urgente impulsar una nueva Ley General de Aguas, la cual permita detener y acabar con la privatización de este recurso vital por parte de empresas privadas
Debido a que dicha práctica afecta diversos municipios y comunidades en situación de pobreza en todo el país.
En conferencia de prensa, explicó que dentro de dicha legislación, se busca establecer que todos los recursos naturales que se encuentren dentro de las comunidades indígenas, le pertenezcan a la misma comunidad, a fin de evitar el saqueo de este recurso natural.
Denunció que Amealco, es un municipio indígena en Querétaro que cuenta con grandes riquezas naturales, entre las que destaca el agua, y por lo cual actualmente se lleva a cabo un saqueo del líquido en esta comunidad.
El senador advirtió que en el estado de Querétaro, se aprobó una legislación mediante la cual se formaliza la privatización del agua, “donde se convierte en un negocio y no en un derecho humano de toda la población”.
Refirió que la Constitución Política de alguna manera abre un espacio para que los particulares puedan participar en el tema del agua, “pero ese espacio afecta a municipios que son muy pobres y que tal vez no tienen la capacidad de por sí solos abastecer de agua a su población”.
Herrera Ruiz refirió que esta situación la aprovecharon ciertos municipios, capitales de los estados como Querétaro, Boca del Río, Aguascalientes y Mérida, para pasarle esa obligación de servicio de agua potable a privados: compañías francesas, españolas o mexicanas, que han lucrado enormemente con el vital líquido.
Explicó que cuando hay una asignación, a la Comisión Nacional del Agua se “le paga un peso”, mientras que las empresas la venden entre 20 a 50 pesos el metro cúbico. “Imagínese el negocio que están realizando”.
Todos esos intereses económicos, señaló, retrasan la aprobación de una legislación en la materia, “pero estamos trabajando en la bancada de Morena para sacarla lo más pronto posible, porque con eso acabaríamos con esa privatización de agua que se ha realizado ya por muchos años y que no debe ser posible”.
En tanto, la regidora de Amealco, en Querétaro, Josefina Martínez Pascual, denunció que los habitantes de varios municipios indígenas llevan alrededor de dos años protestando por la falta de agua potable en sus comunidades.
Expresó que en dichas protestas varias personas han sido reprimidas por exigir que se garanticen sus derechos humanos.
“No sólo hemos sufrido el saqueo del agua y la falta de abasto de la misma, sino que sistemáticamente hemos sido acosados, denunciados y reprimidos por las autoridades municipales y estatales”, aseveró.
Por tal motivo, Josefina Martínez solicitó la derogación de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, y que se genere una nueva que garantice el derecho al agua para los sectores más vulnerables y la salud de los ecosistemas.
Asimismo, llamó al gobierno de la entidad para que libere a los manifestantes que fueron detenidos el pasado viernes 10 de junio, frente a la Comisión Estatal de Aguas.
Y pidió el cese inmediato a los actos de represión, deslegitimación, persecución, intimidación y abuso de autoridad, en contra de quienes integran las organizaciones civiles, que apoyan y participan de alguna manera en las propuestas.
“No es posible que un gobierno electo democráticamente, priorice la violencia antes que resolver la problemática que aqueja a los sectores más pobres de nuestra sociedad”, puntualizó.
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