EL ÁGORA/
Por Octavio Campos Ortiz/
Carlos M. Urzúa, excelente economista y matemático, aún mejor íntegro y congruente servidor público, advirtió antes de su lamentable deceso sobre dos graves problemas que retratan de cuerpo entero a la 4T: la corrupción y el manejo político de la pobreza.
Denunció que en el padrón de la población beneficiaria de los programas asistencialistas hay “600 mil fantasmas en la nómina de la prestación de los adultos mayores, lo que representa un fuga de 50 mil millones de pesos”, dinero que no se sabe si fue destinado a las obras insignias de este gobierno, a las campañas de los candidatos morenistas o simplemente se los embolsaron.
Independientemente del destino ilícito de esos recursos públicos está la manipulación de los pobres, de los desposeídos, de los miserables de este país que solo son carne de cañón con fines electoreros en este populista sexenio, donde finalmente se busca administrar la pobreza.
El propio Urzúa Macías reconoció en su última colaboración en El Universal -ahora que se vive una crisis con el agua, la cual afecta prioritariamente a los menos favorecidos socialmente-, que AMLO nunca contempló que el gobierno federal invirtiera significativamente en el sistema hídrico de México. El presidente -denunció-, siempre privilegió el petróleo sobre el agua. Mientras al sector hídrico destinó este año 63 mil millones de pesos, a PEMEX le asignó 140 mil millones de pesos, más la condonación fiscal por 80 mil millones. En toda la administración -precisa el ex secretario de Hacienda-, se etiquetó a CONAGUA 280 mil millones de pesos, mientras que la construcción de Dos Bocas costó 340 mil millones, sin producir un litro de gasolina. Esa absurda decisión provocó que la población, especialmente los más desposeídos, enfrenten una de las peores crisis del vital líquido.
De acuerdo con el organismo EVALÚA, en el último censo del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) -el cual considera factores de vivienda, servicios como agua y drenaje, educación, acceso a servicios de salud, seguridad social, disposición de internet y telefonía fija y móvil-, la población en situación de pobreza alcanzó el 57.4 por ciento, con pobreza alta el 11.4 por ciento y muy alta -miseria extrema-, el 5.3 por ciento.
Según ese informe, en la CDMX -hasta 2021 joya de la corona de la 4T-, hubo mayor pobreza en Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan -alcaldía que fue gobernada por la hoy candidata oficial. En el caso de la escasez del preciado líquido, Iztapalapa registrada más de 30 colonias populares que carecen de ese servicio de manera crónica y Xochimilco supera las 15. Llama la atención que Álvaro Obregón, la tercera demarcación más grande de la ciudad y con enormes contrastes socioeconómicos, no tenga agudizado ese problema.
Como vemos, y con los datos de un reconocido economista métrico, poco importan los pobres para la 4T. Se utilizan los recursos de los programas sociales -barril sin fondo-, no solo para paliar la pobreza y mantener un censo de gente no productiva que se manipula para, con su voto, mantenerse en el poder mediante un modelo populista, sino para ocultar renovadas prácticas de corrupción.
Así como no hubo estrategias o políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la pandemia, el colapsado sistema de salud, la aniquilación del Seguro Popular o el decrecimiento económico que afectó terriblemente a los más pobres, tampoco hubo un programa de gobierno para garantizar el abasto de agua, ya que la prioridad de la 4T era rescatar una empresa quebrada y obsoleta como PEMEX y apostarle a un recurso no renovable como el petróleo, igual que en los setenta, cuando nos preparábamos “para administrar la abundancia”.
Nunca fueron los pobres una prioridad para el gobierno, solo los utilizaron para mantenerse en el poder.
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