Desde la Redacción/
Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, posicionan a nuestro país en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en materia de combate a la corrupción.
Esa desafortunada posición en el índice permitía presumir que las políticas y esfuerzos anticorrupción por parte del gobierno mexicano en turno continúan.
Lo que indica que no gan alcanzado los resultados esperados para desarticular las redes de corrupción y sus nocivos efectos en términos económicos y sociales.
En días pasados se dieron a conocer los resultados de dos importantes índices que permiten corroborar las afirmaciones anteriores
Estos son el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).
El primero de dichos estudios fue elaborado por la organización World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) y mide la situación del Estado de Derecho en el mundo. Desde el 2018, ese índice evalúa el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas de nuestro país, para lo cual adopta el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel internacional, con las adaptaciones correspondientes a la estructura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
En este caso, la presente edición del Índice contiene datos e indicadores organizados en ocho factores:
1. Límites al poder gubernamental.
2. Ausencia de corrupción.
3. Gobierno abierto.
4. Derechos fundamentales.
5. Orden y seguridad.
6. Cumplimiento regulatorio.
7. Justicia civil.
8. Justicia penal.
En ese sentido, los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestran una tendencia negativa en materia de Estado de Derecho en gran parte de los Estados de la República, principalmente debido al debilitamiento de los contrapesos institucionales, una contracción del espacio de participación cívica, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
Precisamente esta falta de logros o resultados eficaces en la lucha contra la corrupción muestra que el factor denominado “ausencia de corrupción” cayó de manera importante en 16 estados de la República (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), en tanto que en 11 entidades federativas se mantuvo sin cambios (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala).
Tratándose de las instancias o dependencias públicas que presentaron un descenso en la ausencia de corrupción, es decir, que tuvieron mayor presencia de actos de corrupción, el estudio identifica a los poderes judiciales, los sistemas de seguridad y procuración de justicia, así como a los poderes ejecutivos de más de la mitad de las entidades federativas de nuestro país.
Estos datos resultan en verdad preocupantes, no solo por el impacto económico que generan y lo amplio de su afectación a nivel nacional, sino también por las áreas estratégicas que merma o debilita (seguridad y justicia), al ser precisamente espacios que deberían encontrarse libres de corrupción dado que les corresponde velar por la legalidad en México y constituyen pilares de nuestro Estado de Derecho.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a finales de 2021, tiene por objeto recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población en trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo los rubros de seguridad pública y justicia (a que hemos hecho alusión), a fin de contar con elementos que permitan la elaboración, gestión y evaluación de las políticas públicas en esas materias.
Esta medición corresponde al periodo de enero a diciembre de 2021 y tomó como base cuatro ejes relacionados con los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto a:
1. Los servicios públicos básicos y bajo demanda.
2. Las experiencias con pagos, trámites o solicitudes de servicio.
3. Las experiencias con corrupción.
4. La confianza en las instituciones.
Los resultados arrojaron que el costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 9 mil 500 millones de pesos, equivalente a 3 mil 44 pesos en promedio por persona afectada.
En ese sentido, el estudio identificó que el 86.3% de la población consideró “frecuentes” o “muy frecuentes” los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, en tanto que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14 mil 701 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Pese a ello, los resultados revelan que existió un decremento de 32.9 por ciento del costo total de la corrupción frente a la encuesta de 2019, sin embargo, al menos desde nuestro punto de vista, ello no se debe preponderantemente a la eficacia de las políticas anticorrupción, sino a que, con la pandemia por covid-19 el contacto directo entre la población y las autoridades disminuyó, suprimiendo la participación de intermediarios y privilegiando el empleo de los medios de comunicación vía internet para la realización de pagos, trámites y solicitudes.
Cabe destacar que el reporte del INEGI, al igual que el de la organización World Justice Project identifica las principales fuentes de soborno en México y concluye que estas corresponden al contacto de la ciudadanía con autoridades de seguridad pública, ministerios públicos, tribunales, así como aquellas a quienes corresponde gestionar los trámites para la apertura de negocios o empresas.
En ese sentido, los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 y de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) permiten corroborar lo que conocemos desde hace tiempo: la corrupción sigue siendo un fenómeno dañino que frena el crecimiento y afecta la economía de los mexicanos.
Además, es evidente que, a pesar de conocer los principales trámites que presentan una alta incidencia de corrupción y las instancias en donde acontecen (seguridad pública, justicia, procesos de emprendimiento y adquisiciones, etc.) no se han adoptado medidas gubernamentales adecuadas y, sobre todo, funcionales para frenar la corrupción.
Los índices presentados hacen evidente un desencanto ciudadano con los resultados del gobierno, lo que, sin duda, debilita los esfuerzos de participación social y, por añadidura, la confianza en las instituciones del Estado.
Lo anterior nos lleva a concluir en la necesidad de insistir en la adopción de mejores prácticas anticorrupción con base en los datos estadísticos que ya conocemos, mismos que representan un diagnóstico o una radiografía de lo extendido que está ese fenómeno en todo el territorio nacional y de las áreas públicas sobre las que es necesario incidir; aunado a ello, como ya hemos sostenido anteriormente, es imprescindible la coordinación eficaz entre instituciones de gobierno para desmantelar las redes de corrupción y exigir de manera más contundente el reproche y sanción de los delitos y faltas que produce ese grave fenómeno en México.
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