Un gobierno que prometió investigar, sancionar y acabar con la corrupción está obligado a rendir cuentas claras sobre los avances del caso Segalmex, y garantizar investigaciones que concluyan con la judicialización y sanción de las personas responsables en todos los niveles, así como con la reparación por las afectaciones a derechos que corresponden.

En México, un gran porcentaje de la población está en situación de pobreza, desigualdad y desnutrición. De acuerdo con el CONEVAL, en 2020, 55.7 millones de personas en México (43.9 % de la población total) estaban en situación de pobreza. Además, 28.6 millones de personas (22.5 % de la población) enfrentaban carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.  El contexto era similar en 2019, cuando el gobierno creó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, que ofrece programas de apoyo a personas pequeñas productoras, garantiza el acopio, distribución eficiente de alimentos básicos y asegura precios de garantía, propiciando el bienestar de las comunidades más vulnerables de nuestro país. 1 Segalmex tiene a su cargo a las empresas Diconsa y Liconsa, que buscan asegurar una canasta básica y leche de calidad a bajo precio para las familias en mayores condiciones de marginación para promover su derecho a la alimentación y nutrición. 2

Desde la creación de Segalmex, distintas investigaciones periodísticas y de instancias encargadas del control y persecución de la corrupción –como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación–, han señalado diversas irregularidades en su funcionamiento, por ejemplo, la simulación de contratos en la compra de bienes alimentarios, la adjudicación a empresas que no cuentan con las capacidades técnicas y humanas para proporcionar servicios, o inversiones realizadas sin contar con un respaldo normativo. El posible daño patrimonial en Segalmex, de acuerdo con la SFP –al cierre de 2021–, se calculaba en 9, 500 millones de pesos. 3 Dado el monto multimillonario de los presuntos desvíos y la misión social de Segalmex, algunas de las principales acciones que han realizado estas instancias de control son las siguientes:

La ASF, dependiente del poder legislativo y una de las instancias más relevantes en la rendición de cuentas con atribuciones de fiscalización de los recursos públicos, recientemente, publicó su informe sobre la revisión a la cuenta pública 2021. En dicho informe incluye dos auditorías a los recursos autorizados a Segalmex en ese año. En una verificó que los procesos de adjudicación, contratación, recepción, pago para la adquisición de bienes y prestación de servicios, así como el registro presupuestal y contable de estas actividades se hayan realizado conforme a la normativa aplicable 4 y en otra verificó que la programación, presupuestación, entradas y salidas de inventarios, pago a productores, traslado del grano, venta, comprobación, registro presupuestal y actividades contables, se hayan apegado a la normativa. 5  De dichas auditorías se identificaron irregularidades como sistemas de control deficientes o, adjudicaciones directas de servicios a proveedores que no cumplen con las condiciones técnicas y materiales para llevar a cabo las contrataciones.  No es la primera vez que la ASF detecta irregularidades pues reporta haber presentado 12 denuncias penales ante la FGR, derivadas de la revisión a la cuenta pública 2019 y 2020. En suma, las posibles irregularidades ascendían a 3 mil 465 millones de pesos en Segalmex. 6 

Por su parte, para agosto de 2022, la SFP, encargada del control de la corrupción dentro del Poder Ejecutivo, reportaba haber realizado 84 acciones de fiscalización a Segalmex y haber abierto 618 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas. 7 Había también conformado un grupo interinstitucional entre varias dependencias federales para investigar el caso, cesado a servidoras y/o servidores públicos de áreas centrales operativas de tres entidades de la República y observado 6 mil millones de pesos del presupuesto de Segalmex. A la fecha aún se continúan con las investigaciones.

En términos de investigación penal, para agosto de 2022 se habían presentado al menos 38 denuncias ante la FGR y un servidor público, el exDirector de Administración y Finanzas de Segalmex, había sido vinculado a proceso por invertir recursos incumpliendo la norma, señalando que éstos ya habían sido recuperados. 8 El 09 de marzo del presente año, la FGR reportó haber realizado seis judicializaciones en cuatro carpetas de investigación y haber obtenido 22 órdenes de aprehensión: 12 contra funcionarios y funcionarias de Segalmex, 4 contra personas que pertenecen a empresas que se coludieron y 6 contra beneficiarios y/o beneficiarias de los desvíos, por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por la supuesta compra simulada de 7,840 toneladas de azúcar, que nunca se entregaron e iban destinadas a beneficiar a la población nacional. 9

Si bien para el caso Segalmex se reportan avances desde distintos frentes e instancias, hay algunos aspectos pendientes y preocupaciones.

  1. A pesar de que se han detectado irregularidades desde la cuenta de pública de 2019, aún no se logra ninguna condena penal, aun cuando se trata de un caso prioritario para la FGR y el gobierno. Esto sucede en un contexto en que, en la recta final del sexenio, no hay avances contundentes en los mayores escándalos del sexenio pasado, como la Estafa Maestra, Odebrecht u Operación Safiro.
  2. No se conoce cuál es la competencia y atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ya que para el caso Segalmex y otros es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) quien investiga el caso y no la FECC.
  3. No hay claridad de por qué este caso no se está analizando e investigando dentro del Sistema Nacional Anticorrupción o cuál ha sido su rol al respecto, siendo la instancia que por mandato constitucional fue creada para este propósito.
  4. Si bien el Ejecutivo se ha pronunciado a favor de investigar y sancionar el caso Segalmex y a las personas servidoras públicas y particulares involucradas, Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex, no está siendo investigado y sigue presidiendo otro ente público, el INAFED. 10
  5. Está pendiente el seguimiento a las afectaciones que los desvíos de Segalmex generaron en diversos derechos, como a la alimentación y la nutrición adecuada. Además de llevar a buen puerto las investigaciones, es crítico que las entidades responsables garanticen e implementen medidas para evitar la repetición de irregularidades como las que ya sucedieron, que pudieran afectar a las personas a quienes se dirigen estos programas. Al respecto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha dado pauta de cómo combatir la corrupción con enfoque de derechos humanos y con las víctimas al centro.

Un gobierno que prometió investigar, sancionar y acabar con la corrupción está obligado a rendir cuentas claras sobre los avances de este caso y garantizar investigaciones que concluyan con la judicialización y sanción de las personas responsables en todos los niveles, así como con la reparación por las afectaciones a derechos que corresponden. Veremos si el caso Segalmex se convierte en una oportunidad para avanzar en el combate a la corrupción o en una cifra más de casos impunes en México.

* Matilde Pérez y Janet Oropeza son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

Fuente: Animal Política