ROMPECABEZAS/
Por ABEL LUNA ESPINOSA/
TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, incluyendo a los que buscaron su registro con base en el número de votos, que participaron en la campaña electoral que concluyó en junio son multados por el Instituto Nacional Electoral como consecuencia de sus incumplimientos a las normas.
Entre estas los egresos no reportados, no comprobados, omisiones en reportes de operaciones en tiempo real, ingresos no comprobados, y eventos registrados fuera de tiempo.
Los consejeros electorales decidieron estas sanciones por el total de mil 203 millones 653 mil pesos, siendo las más cuantiosas para Fuerza por México, Morena, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, en incluye a Redes Sociales Progresistas, que no logró su registro.
El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 14 millones de pesos, y a Movimiento Ciudadano con 28 millones de pesos por haberse detectado triangulación financiera para su campaña electoral.
Ese financiamiento irregular fue canalizado por parte de dos empresas (Firma Jurídica y Fiscal Abogados y SGA Tierras y Bienes Inmuebles), solamente uno o dos días antes de la votación.
Ahora, viendo hacia adelante, lo más importante, me parece, será el análisis muy formal y documentado del tema de los recursos entregados a los partidos políticos para sus actividades, sean o no tiempos electorales y más allá de la retóricas de los discursos.
Porque de ninguna manera –parafraseando al presidente de la República- el país puede seguir con ese tipo de esquemas en medio de esta situación de limitaciones económicas, de tanta pobreza y desempleo.
Los partidos tendrán en ese escenario la obligación de obtener sus recursos desde fuentes privadas, donaciones, entre otros, pero bajo la vigilancia de las autoridades del INE para evitarse a lo máximo la mezcla e intromisión de recursos provenientes de la delincuencia o zonas poco claras de la economía.
Esto puede decirse fácilmente pero necesitará de toda una “ingeniería” muy precisa, con altos niveles de eficiencia para que realmente lograra ese objetivo. En el país hay especialistas que pueden lograrlo, sin la menor duda, pero faltaría la voluntad políticos para asumir esa decisión.
LA DENUNCIA DEL sistema de espionaje denominado Pegasus, de origen Israelí, que husmeó a periodistas y políticos durante años es un indicio de que a la gente del poder político no sólo en México sino en todo el mundo les interesa saber, paso a paso, cuáles son las indagatorias de los reporteros.
Esa inseguridad, en ese grupo, no solamente atenta a las libertades de prensa y de tránsito sino trasciende a los derechos humanos de los periodistas, el derecho a la privacidad de sus comunicaciones, de la libertad de prensa, de que la sociedad conozca ese tipo de abusos y tropelías con cargo al erario público.
Ahora es Pegasus pero debemos hacer notar que los sistemas de la intervención de las comunicaciones han sido permanentes hacia los periodistas. Antes los llamábamos, coloquialmente, “pájaros en el alambre” y en nuestros días los avances tecnológicos pueden inmiscuirse hacia sitios insospechados.
Ello va muy por encima de las leyes, de los buenos propósitos que pudieran tener algunos funcionarios públicos, pero quién nos garantiza o nos niega que esos medios de intromisiones en las comunicaciones también se dan entre grupos policiacos y su connivencia con diversos tipos de delincuentes.
Visits: 0