Pide la Permanente garantizar seguridad a juzgadores

Integrantes de la Comisión Permanente pidieron a todos los  gobiernos de los estados, y a las dependencias encargadas de brindar protección y seguridad, para que atiendan de forma expedita la violencia contra las personas juzgadoras.

Precisaron que la violencia también se ha materializado contra todos los que integran el Poder Judicial de la Federación.

Razón por la que se han visto atacados jueces, juezas, magistrados y magistradas, dijeron.La incidencia delictiva, atenta contra los derechos humanos, el desarrollo económico y la vida de las personas, por lo cual es urgente ejecutar acciones, medidas, planes y políticas, con el objetivo de erradicar estos delitos que dañan a las y los ciudadanos.Al respecto, la presidenta de la Primera Comisión, Lucía Meza Guzmán, manifestó que ante la creciente ola de amenazas que reciben por desempeñar sus labores las personas juzgadoras, es necesario plantear acciones que tengan como propósito salvaguardar su integridad y generar condiciones de seguridad y libertad en la función jurisdiccional.Por otro lado, la Asamblea hizo un llamado al gobernador de Aguascalientes y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para que fortalezcan los planes, programas, acciones y políticas públicas para garantizar la seguridad, ante el incremento de los delitos en la entidad.El diputado del PAN, Paulo Gonzalo Martínez López expresó que es necesario presentar un punto de acuerdo que llame a atender los problemas de seguridad, no sólo de Aguascalientes, sino en diferentes estados del país que día con día presentan asesinatos y se encuentran ocupados por el narco.El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, dijo que el gobierno de Aguascalientes debe atender esta situación, ya que hay un incremento en los índices de violencia y criminalidad de la entidad, “por lo que es mejor que ponga atención a tiempo”.La Comisión Permanente, también aprobó un dictamen a través del cual, se solicitó al Poder Judicial de Chihuahua, que incremente el número de intérpretes y traductores en los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional, para garantizar que las personas de las comunidades indígenas, en todo momento sean asistidas. 

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