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La senadora Verónica Martínez García pidió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere una partida para la reactivación del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
Esto es con el fin de garantizar el respeto y sana convivencia entre los estudiantes, así como para evitar el acoso escolar en las aulas.
Dijo que el bullying -que se expresa en apodos, golpes, burlas e intimidación-, cada vez es más constante en las escuelas y es un factor que reduce la calidad de aprendizaje y desarrollo de los alumnos.
“Este tipo de maltratos se perciben tan normales que pareciera que los jóvenes ahora son quienes deben acostumbrarse a ello, aceptarlos como parte de su vida”, agregó la legisladora del PRI.
Verónica Martínez explicó que el Programa Nacional de Convivencia Escolar”, que fue impulsado por el Gobierno federal, contaba con prácticas pedagógicas y de gestión, en nivel preescolar, primaria y secundaria, para apoyar la construcción de una cultura de paz, la convivencia armónica, inclusiva y democrática.
“Ofrecía fichas para trabajar la cultura de paz, entendidas, de acuerdo con la UNICEF, como un proceso para permitir el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y valores en los niños y jóvenes, para resolver conflictos de manera pacífica, rechazando cualquier tipo de violencia”.
En el 2018, el programa se aplicaba en 70 mil escuelas, particularmente en secundarias, como principal objetivo para la Secretaría de Educación Pública; en 2020 se beneficiaba a más de 98 mil escuelas de educación básica, con una matrícula de 17.6 millones de niños, niñas y adolescentes y se tenía la participación de alrededor de 767 mil 317 docentes y 95 mil autoridades educativas escolares.
“Desafortunadamente -recordó la senadora-, durante la pandemia de Covid-19, las escuelas permanecían cerradas y los apoyos educativos se deterioraron poco a poco, fue así como el programa desapareció por completo del presupuesto de Egresos de la Federación del 2021.
Antes de eso, dijo, presentó un deterioro presupuestal, al pasar de 350 millones de pesos, asignados en 2016, a 223 millones 820 mil para el 2020, es decir, una disminución de poco más de 36 por ciento”.
Para el 2021, los recursos destinados al programa ya no existían, tampoco se contaba con recursos para algún otro programa que ayudara como remplazo o fomentara la construcción cultural de la paz y la atención, explicó.
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