POR JOSÉ LUIS HERRERA/
Alejandra Barrios Richard, presidenta de la Asociación Legítima Cívica y Comercial, acusó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial Antisecuestros, Javier Jiménez Cuéllar, por haber mentido ante un juez de control para que se pudiera librar una orden de aprehensión en su contra.
A pesar de que el MP no contaba con pruebas suficientes que acreditaran su participación en los hechos, indicó Barrios.
La también dirigente de comerciantes y ex legisladora local explicó que a partir de una denuncia fabricada en su contra por el policía Martín Rebolledo Aguilera por los delitos de extorsión y robo agravados fue que el agente ministerial Jiménez Cuéllar se atrevió a faltar a la verdad para poder obtener la orden de aprehensión, alterando pruebas para perjudicar directamente a Alejandra Barrios y que finalmente convencieron al juez de control Júpiter López Ruiz, quien fue el encargado de librar la orden de aprehensión.
La orden de aprehensión en contra de Alejandra Barrios se derivó de la Carpeta de Investigación CI-FIDDS/E/UI-3C/D/00728/11-2020 que se encuentra radicada en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de la Ciudad de México, iniciada por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en contra de Martín Rebolledo Aguilera y César Jonathan Martínez Morales.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público presentado ante el juez López Ruiz, “se cuenta con elementos de prueba que confirman la participación de Alejandra Barrios en el robo y destrozos causados” a un local comercial, propiedad de Martín Rebolledo y César Jonathan Martínez. Sin embargo, dichas pruebas no constan en el expediente del caso.
Alejandra Barrios, una vez que tuvo conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación y con la sospecha de que el asunto se podría llevar de manera arbitraria por parte de la Fiscalía, presentó un Amparo Indirecto en contra de una posible Orden de Aprehensión, el cual derivó en el expediente 42/2021 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.
Gracias a este amparo, se tuvo conocimiento de las irregularidades en el procedimiento, donde el Ministerio Público, alterando pruebas, logró obtener una la orden de aprehensión.
El abogado de Barrios Richard, Gerardo Mercado, ha señalado que estas violaciones atentan directamente contra el derecho de presunción de inocencia y debido proceso de cualquier ciudadano, y claramente se demuestra la influencia de poderes políticos que están influyendo en nuestro sistema judicial.
“Es por ello que, con pruebas contundentes para evidenciar el delito cometido por el agente del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía General de la Ciudad de México, la señora Alejandra Barrios presentó la denuncia ante la Fiscal General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy Ramos, pidiendo públicamente a la Fiscal actuar conforme a Derecho en el presente asunto”, apuntó Gerardo Mercado.
El abogado agregó que se ha presentado una segunda denuncia en contra del policía Martín Rebolledo Aguilera, esposo de la sobrina de Alejandra Barrios, quien ha fabricado la denuncia por el delito de extorsión y robo agravado, y se ha ostentado como supuesta víctima.
El equipo jurídico de Barrios Richard presentó como prueba, la propia declaración en donde el mismo Martín Rebolledo señaló ante el Ministerio Público que en el momento en que se suscitaron los hechos él se encontraba en un lugar distinto; posteriormente, en otra declaración, refirió falsamente que le constaba que la señora Alejandra estuvo en el lugar de los hechos, lo cual era materialmente imposible porque él no no estuvio presente durante los acontecimientos.
Alejandra Barrios ha declarado que “desgraciadamente, una vez más, estamos viendo la intervención del Gobierno Actual en el Poder Judicial.
“Quienes no compartimos las mismas ideas políticas, estamos siendo presentadas ante la sociedad como Enemigos del Estado.
“Reiteramos en este acto nuestra petición a la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, de que actúe conforme a Derecho y no permita que se utilice el Sistema Penal para beneficiar intereses ajenos a la impartición de justicia o a algún partido político”.
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