Luego de que la Policía Estatal de Hidalgo y Bancaria fallaron en la toma de las instalaciones de la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L, en Tula de Allende, Hidalgo, integrantes del Consejo Directivo encabezado por Federico Sarabia Pozo recriminaron estos sucesos.
Aseguraron que lo anterior rompe las garantías individuales y los derechos de los trabajadores.
Reiteraron que, no obstante el intento, la planta de La Cruz Azul sigue bajo la administración legal y legítima del Consejo Directivo encabezado por Federico Sarabia. Advirtieron que confían en una solución legal del conflicto.
Federico Sarabia Pozo señaló que la administración ilegal encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez tendrá que responder ante el gobernador Omar Fayad por involucrar a la Policía Estatal en un acto de abierta agresión en contra del pueblo de La Cruz Azul. Destacó que cuando el comandante a cargo revisó el amparo que validaba la administración legal de los integrantes del Consejo Directivo encabezado por el señor Sarabia, reconoció que la toma violenta de la planta era un acto ilegal y ordenó la inmediata retirada de sus elementos.
Lo que provocaron Vázquez y Marín, agregó Sarabia Pozo, fue una invasión criminal por parte de los elementos policiacos para golpear y robar a la gente humilde de La Cruz Azul. Por otro lado destacó que, como parte de la ofensiva contra los socios, trabajadores y familias, se han congelado cuentas bancarias de la empresa que opera “Concretos Cruz Azul”, la cual sirve para el pago de nómina de los trabajadores, combustible, luz y otros gastos administrativos.
Por su parte el Abogado de la Cooperativa, José Luis García Miranda, señaló que derivado de la resolución del jugado 9° de la Ciudad de México, el monto de las cuentas congeladas es de 194 millones de pesos. En tanto, Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia, detalló que se estima que, de continuar el acoso por parte de Marín y Velázquez en contra de la fuente de trabajo de miles de familias de La Cruz Azul, tan solo por el cierre de la planta en Hidalgo, se dejarían de producir siete mil toneladas de cemento, lo que representaría una pérdida de cerca de 500 millones de pesos, con la consecuente afectación al ramo de la construcción en el país.Desde la Redacción de Cosmopolítico)
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