¡Golpe de autoridad! Juez federal suspende reinicio de actividades en los juzgados

  • Prospera la demanda de amparo interpuesta por los abogados Luis Gerardo Govea Sifuentes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Aarón Miranda Colchado, Rodolfo González Treviño y José Alberto Palacios Silva, bajo el argumento de que se pone en riesgo la vida de los justiciables, litigantes y funcionarios públicos encargados de operar los órganos jurisdiccionales 

POR JOSÉ VIEYRA

José de Jesús Rosales Silva, juez tercero de Distrito en la Laguna con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, da un golpe de autoridad en la impartición de justicia en pro de la seguridad y de la salud de los juzgadores…. y más en estos tiempos de emergencia sanitaria.

Rosales Silva ha suspendido de oficio y de plano los efectos de la reanudación de labores de los Tribunales del Poder Judicial del Estado de Coahuila, al estimar que las modalidades de reanudación no respetan el derecho a la salud del gremio de los abogados litigantes y los justiciables que se enmarcan en los grupos de riesgo establecidos en los acuerdos emitidos por el secretario de Salud, tendientes a la mitigación de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19.

El origen de la suspensión es una demanda de amparo interpuesta por los abogados Luis Gerardo Govea Sifuentes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Aarón Miranda Colchado, Rodolfo González Treviño y José Alberto Palacios Silva, todos miembros del Colegio de Abogados de la Laguna, que es el de mayor antigüedad y prestigio en la región, quienes argumentaron ante la autoridad judicial federal que la manera en que se reactivó a plenitud la función jurisdiccional en el estado de Coahuila, no corresponde con el momento epidémico actual de la pandemia, dado que tanto Coahuila en general, como en particular la ciudad de Torreón y municipios aledaños, cursan la etapa de mayor transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

Ante esta problemática, se argumentó que el haber ordenado la reanudación plena de actividades implica exponer a los justiciables, a los litigantes y a los funcionarios públicos encargados de operar los órganos jurisdiccionales al contagio de la enfermedad ya mencionada, aunado al hecho de que la tasa de letalidad que ha presentado la enfermedad en nuestro país es muy alta, y a que México se encontraba, en el momento de la interposición de la demanda de amparo, dentro de los diez países con más muertes ocasionadas por la enfermedad Covid-19.

ABOGADOS PRESENTAN FACTORES DE RIESGO

Asimismo, se señaló que la abogacía, por sus propias características, es ejercida por una gran cantidad de abogados que pueden presentar diversos factores de riesgo, entre ellos el de tener más de sesenta años, ello debido a que por la naturaleza de la profesión, usualmente a mayor edad corresponde mayor prestigio del litigante, siendo que en las personas mayores de sesenta años la tasa de letalidad se eleva en forma exorbitante en el caso de contraer la ya citada enfermedad, pues la misma alcanza a casi un 25% de las personas que la contraigan y que se encuentren en ese grupo de edad.

Cabe señalar que se destacó que no se busca que se suspendan en definitiva las actividades jurisdiccionales, pues por el contrario, la lucha va orientada a obtener la modernización de la impartición de justicia local a fin de que en la misma prevalezcan las tecnologías de la información sobre las actividades presenciales, sin que esto sea un hecho inédito o imposible, ya que autoridades como el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, entre otros, ya cuentan con un sistema de impartición de justicia en línea, mientras que en Coahuila ni siquiera es posible la consulta de expedientes vía Internet, menos aún la realización de actuaciones judiciales de cualquier índole.