Redacción/
Por partida doble, Estados Unidos amplió ayer la presión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ante la escalada de persecución política a sus opositores, de cara a las elecciones generales: el Departamento de Estado retiró las visas a 50 familiares directos de altos funcionarios, mientras que el Congreso avaló una ley que endurece las medidas contra el régimen, a fin de garantizar elecciones libres y justas.
El Senado aprobó el proyecto de para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), apoyado por demócratas y republicanos, para promover unas elecciones “libres y justas” en Nicaragua, el cual aún debe ser aprobado por el Congreso antes de ser firmado por el presidente Joe Biden.
En un comunicado, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta explicó que la propuesta sirve para aumentar de forma drástica el compromiso diplomático de EU frente a las “tácticas represivas” de Ortega para intimidar y arrestar a los candidatos opositores a las elecciones del 7 de noviembre.
El proyecto amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables de ese gobierno, y que éstas se coordinen con Canadá y la Unión Europea, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta).
La iniciativa sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.
Adicionalmente, se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables.
Por separado, el Departamento de Estado notificó ayer, en un comunicado, que retiró las visas a 50 familiares directos de diputados, fiscales y jueces involucrados en actos del gobierno de Ortega.
“Son familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas”, dijo.
Aunque no identifica a las personas sancionadas, agregó que “EU está comprometido con promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas”.
Apenas el 12 de julio, el Departamento de Estado prohibió los visados a 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios “bajo una política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y los familiares directos de dichas personas”.
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