ROMPECABEZAS
POR ABEL LUNA ESPINOSA
MÉXICO ESTÁ en riesgo porque el país está en el camino de que los narcotraficantes impongan al candidato y presidente en 2024, tomando en cuenta sus actuaciones de imposición, persecución e inclusive asesinato de candidatos en varios estados de la República
Después de 4 horas de permanecer sentado afuera del Palacio Nacional, en un banco de plástico, este martes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lanzó esta advertencia y luego de haber recibió la descortesía del presidente López Obrador, quien se negó a recibirlo bajo el argumento que no es la instancia para abordar los temas de la violencia y acrecentamiento del narcotráfico en el estado.
El funcionario declaró a los reporteros que no busca ninguna confrontación con el tabasqueño o faltar al respeto a la investidura presidencial, únicamente pretende la entrega de los documentos probatorios de sus afirmaciones en relación a que la campaña electoral, concluida el 6 de junio, fue copada por los narcos michoacanos apoyando al candidato morenista.
Aureoles Conejo refrendó que seguirá insistiendo en el tema. ¡Y vaya que es urgente el restablecimiento del orden en Michoacán! Mucho más allá de la persecución que han tenido los habitantes de Aguililla, la violencia armada se está generalizando en muchos estados.
EN EL MISMO sentido hace unas horas, los diputados perredistas expresaron su apoyo a las denuncias del gobernador.
En su comunicado enviado a la prensa los legisladores, encabezados por la diputada Verónica Piña, recordaron que han venido insistiendo en el papel del crimen organizado en las elecciones pasadas, a través de la imposición de candidaturas, el amedrentamiento de otros, e inclusive asesinado a otros.
Ello ocurrió, particularmente, en aquellos estados donde los candidatos propuestos por Morena lograron el triunfo.
EL ABOGADO JUAN Ramón Collado cobró la friolera de 46 millones de dólares a 14 empresas que lavaron dinero del cartel de Sinaloa a través de la Banca Privada D´ Andorra, de acuerdo con la publicación del diario hispano El País.
Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, niega cualquier relación de su cliente con el cartel sinaolense. “El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”, explica el letrado por correo electrónico.
El presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana.
El capital se transfería después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco).
De acuerdo con la publicación se trata de las compañías Madvysion (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones (7,1 millones), Servicios Especializados Icall (5,7 millones) y Textiline Collection (5,4 millones). También, Varys Comercial (3,6 millones) y Grupo Liztik (3,5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.
Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay (2,2 millones), Tessa Textiles (2,5 millones), Enterprise Gamki (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug (690.622 euros), Amber Global (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate (444.774 euros).
Así como antes fueron denunciados los casos del exdiputado y exgobernador Manlio Fabio Beltrones y el de Elba Esther Gordillo, ahora sale a la luz estos manejos oscuros con recursos de procedencia también brumosa.
México, valga recordarlo, tiene compromisos internacionales con el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, y por ello la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habrá tomado nota de estos casos que también obligan a la prevención.
La UIF fue creada en 2004, encabezada por el fiscal Santiago Nieto, ha sido una de las instancias gubernamentales que, en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República, ha llevado varios casos de alto calado a través del bloqueo de cuentas bancarias de varios indiciados.
Pero en estos casos, caben las preguntas, ¿ya han actuado? ¿hay pesquisas en curso?.
O resultará que en como en otros muchos asuntos se recurrirá al expediente fácil del olvido en los medios de comunicación y los señalados saldrán libres (aunque sea con brazalete electrónico en el tobillo), mientras la danza de los millones de dólares mal habidos sigue dándose hacia los paraísos fiscales del extranjero.
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