El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” exigió, que ante la grave situación de personas desaparecidas en México, los integrantes del Congreso de la Unión deben actuar y garantizar que cada una de ellas sea buscada hasta encontrarla.
Mencionó que “la desaparición, en particular la forzada, es uno de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que vulnera no sólo a las víctimas y su entorno familiar, sino al social, y crea incertidumbre y terror -casi permanente- sobre el paradero o suerte de las víctimas”.
El abogado del colectivo José Antonio Lara Duque fue el encargado de señalar que víctimas y familiares deben tener el respaldo del Estado mexicano para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber de su paradero.
“Ya que toda persona tiene derecho a ser buscada”, dijo el representante legal
Se sabe que en México no sólo se han revelado casos de desaparición forzada, por particulares, sino también de trata de personas y extravío, eventos que suman a más de 90 mil personas de las que se desconoce su paradero, de las cuales 23 mil 645 son mujeres y 71 mil 393 hombres, y 518 casos no están determinados, sin contar a personas migrantes.
“Estas cifras que emanan del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas develan una severa crisis, ya que, si sumamos la cifra negra entre 2015 y mayo de 2022 tendríamos que adicionar 5 mil 468 víctimas registradas por trata de personas.
“Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el foco de estos lamentables eventos se ubica en la región centro del país (que incluye la ciudad de México, estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo) entidades que concentran 46 por ciento de los casos”, dijo.
Por ello, el abogado explicó que el Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las instituciones y mecanismos, y por ello es necesario adecuaciones del Poder Legislativo.
“Es fundamental garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, con acciones concretas de las instituciones del Estado, con capacidad sin límite para encontrar su paradero y responder al derecho de la vida, la verdad y justicia”, explicó.
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