PULPO POLÍTICO
- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe y fue su promesa de campaña: El Sistema Nacional Anticorrupción es la única vía para acabar con el “peor cáncer de México”
POR MARCO ANTONIO FLORES***
En medio de la crisis de salud provocada por el Covid-19 y de la grave crisis económica, ya en gestación desde el inicio del actual gobierno, pero que se acrecentará en forma exponencial durante los próximos meses, hay temas que vale la pena recordar, como lo es el combate a la “corrupción”.
No está claro, porque el gobierno de la 4T no ha cumplido de manera puntual con los procedimientos que ordena la Constitución en su artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Desde el inicio de su gestión, este gobierno ha realizado más del 70 por ciento de sus adquisiciones por medio de adjudicaciones directas, esto sin contar la emergencia de salud.
BARTLETT, EMBLEMÁTICO
El caso “Bartlett” se volvió emblemático de este gobierno y de la forma en que “se barren las escaleras de la corrupción -de arriba hacia abajo”. Este caso exhibió de manera burda el actuar dócil de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien, al exonerarlo como lo hizo, dejó chico el desempeño de su antecesor en el sexenio pasado, Virgilio Andrade, cuando dio carpetazo al caso “Casa Blanca”.
Del mismo modo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acudió al célebre desayuno de la barbacoa en Querétaro con el Presidente, para dejar en claro que Bartlett (el otro comensal) es intocable.
ROCÍO NAHLE Y OCTAVIO ROMERO, OTROS CASOS DIVULGADOS
Otros casos divulgados en algunos medios y las redes sociales son el de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, y del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
Se han publicado referencias de la forma en que ha otorgado contratos a parientes y amigos. No han merecido aclaración, ni algún conato de investigación… como quien dice el sabio refrán: Lo que para los amigos es gracia, para los enemigos es desgracia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno. Esta fue la bandera de su campaña para llegar a la Presidencia.
Supo leer, con acierto, que la corrupción se había convertido, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el más importante asunto que molestaba a la sociedad mexicana.
El escándalo de la Casa Blanca y la corrupción oprobiosa de ex gobernadores: de Tabasco, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, fueron la plataforma para capitalizar el enojo popular en votos a favor de un candidato que prometía acabar con el principal cáncer de México.
OJALÁ LOS DICHOS DE AMLO FUERAN CIERTOS
Nadie espera que el Presidente resuelva la principal promesa de su campaña en veinte meses. Sin embargo, todo México quiere ver señales de compromiso y un plan serio, así como casos soportados en la ley. Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos, pero es evidente que no es así.
Dijo López Obrador en su Informe: “Todos los recursos que entrega el gobierno (…) llegan directamente a los beneficiarios, así se evita la intermediación, el clientelismo, el famoso moche y la corrupción”.
También ha reiterado una y otra vez que en los meses de su gobierno se han ahorrado ya 500 mil millones de pesos debido a que ya no se permite la corrupción, se gobierna sin lujos y se ha aplicado la Austeridad Republicana.
No sólo preocupa, es alarmante que a estas alturas el Presidente afirme que en México ya hay un pleno Estado de Derecho y se ha terminado con la corrupción y la impunidad. No hay nada nuevo bajo el sol.
CADA SEXENIO TIENE SUS ‘CHIVOS EXPIATORIOS’
Cada sexenio ha creado sus propias herramientas y ha inventado sus “chivos expiatorios”.
López Portillo tuvo como lema “La solución somos todos” que el pueblo bueno convirtió en “La corrupción somos todos”.
JLP tuvo su “chivo expiatorio”, metió a la cárcel al ingeniero Eugenio Méndez Docurro, quien había sido el artífice del Sistema Nacional de Telecomunicaciones.
Miguel de la Madrid inventó la “Renovación Moral” de la sociedad, creó la Secogef, Secretaría de la Contraloría y llevó a la cárcel a Jorge Díaz Serrano, quien logró poner a México entre los cinco primeros productores de petróleo del mundo y construyó la Torre de Pemex.
Carlos Salinas de Gortari dio dos golpes magistrales a la corrupción sindical: Metió a la carcel a Joaquín Hernández “La Quina”, dirigente de los petroleros, y a Carlos Jongitud, del SNTE, quien sólo fue denunciado y tuvo que dejar a su tesorera (Elba Esther Gordillo) de dirigente nacional.
Ernesto Zedillo se le fue a la yugular a su antecesor y metió a la cárcel a Raúl Salinas, el escándalo duró seis años y todo México tuvo que asimilar que su ex
presidente y su hermano eran corruptos y “asesino” el segundo. Con ese escándalo se sepultó al PRI-Sistema.
Vicente Fox y Felipe Calderón metieron a prisión a algunos militares y a ex funcionarios menores.
Enrique Peña metió a la cárcel a Elba Esther Gordillo. Al final de su sexenio llevó a prisión a cinco ex gobernadores, pero ya su credibilidad estaba por los suelos y no logró capitalizar políticamente esas buenas acciones.
A Rosario Robles se le ha considerado “chivo expiatorio” del actual gobierno. No porque sea o no culpable de los delitos que se le atribuyen, sino porque en su proceso no se respetaron las mínimas formas legales. Se puso en medio a un juez, a quien se le acusó de nepotismo, por sus vínculos familiares con Dolores Padierna, enemiga acérrima de Rosario Robles y operadora política cercana al Presidente de la República.
Habrá que observar cómo evoluciona el caso Lozoya, que ya lleva tiempo congelado. Hay quienes quieren ver al Presidente como verdugo de Peña Nieto, pero todo indica que se quedarán esperando.
EL PRESIDENTE NO PUEDE ENJUICIAR A SUS ANTECESORES
Todavía no tenemos un andamiaje legal que actúe en forma eficaz, institucional e independientemente y que no esté sujeto a decisiones políticas personales. Es claro que el Presidente de la República no puede enjuiciar a Salinas, Zedillo, Calderón o Fox porque en sus declaraciones no se configura un delito claro sino solamente acusaciones políticas… y, si los hubiese, ya habrían prescrito los presuntos delitos.
Para que este engaño no siga creciendo, se debe exigir al Presidente que en vez de hablar mejor proceda legalmente si conoce de actos de corrupción, pero no mantener la expectativa que dará lugar solamente a un juicio mediático que por su naturaleza fracasaría en el plano jurídico.
El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que existe un Sistema Anticorrupción y funciona. Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, ex gobernadores e incluso ex presidentes o sus familiares.
La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación. La meta debe ser contar con un sistema integral que prevenga la corrupción y, cuando ocurra, se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.
SNA, PENDIENTE SU IMPLEMENTACIÓN
La reforma de 2015 dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que representa un buen intento para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.
La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que se requieran. En el Artículo 113 Constitucional se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.
Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. El Comité Coordinador del SNA, de conformidad con el Artículo 113 de la Constitución, se integra con los titulares de: La Auditoría Superior de la Federación; Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Secretaría de la Función Pública; Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Representantes de: Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana (presidente).
Además establece que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización se integra por: Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, entidades de fiscalización superior locales y secretarías locales encargadas del control interno. Los sistemas locales concurrirán a través de sus representantes.
Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta más completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.
APORTACIONES DEL SNA
Algunos aspectos novedosos que aportará el SNA son el fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos-; aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (eran tres); que sea un tribunal especializado (el de Justicia Administrativa) que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Se trata de un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.
CONSOLIDAR MEDIDAS OPERATIVAS FUNDAMENTALES
Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales.
Algunas a considerarse, por importantes y necesarias, serían al menos las siguientes:
Primero, Asegurar la correcta aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país; Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”; Focalizar y priorizar la Tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una base de datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que comúnmente no tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo.
Se requiere una reingeniería de esas dependencias e inyectar más recursos humanos de calidad para que el sistema anticorrupción funcione.
Segundo, Fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción -actualmente- perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la linea de mando de la FGR, para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA, en forma colegiada, debiera nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris, se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema.
Nombrar también de manera transparente y pública a los magistrados de las salas Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, que sancionarán el caso de faltas administrativas graves y actos de particulares vinculados/as con faltas administrativas graves.
Tercero, Reestructurar los órganos internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos. Que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública, como originalmente lo fueron, antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces Secogef y de él como su titular. Que sean más un area de evaluación, prevención y apoyo para mejorar la planeación, organización y dirección de la Administración Pública Federal, como lo dictan los cánones universales del ‘Proceso administrativo’ en cualquier entidad pública o privada. Que dejen de ser parcelas de poder y órganos de intimidación, presión y en ocasiones focos de corrupción. Al mismo tiempo fortalecer las áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia. Quizá menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente justificados.
Cuarto, Apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos -muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción-. En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.
Quinto, Ampliar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda con procedimientos concretos y soportados para que se procese a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos aparentemente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y sólo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde.
Decir que en la cuenta pública de “X” año hay diez mil millones de pesos no aclarados y no proceder en consecuencia es irresponsable y aventurado. Mejor anunciar que de esos diez mil, 3 mil millones,son causa de procesos soportados contra funcionarios públicos corruptos para garantizar que se castigue a los infractores.
Ya se ha visto la intromisión del Ejecutivo en los Organismos Constitucionales Autónomos. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción no podemos darnos el lujo de hacer borrón y cuenta nueva. La apuesta está hecha y México debe seguir adelante con el andamiaje que tiene, puede mejorarlo, sí, pero no tirarlo a la basura.
No se vale que se creen instituciones y después las saboteen. El SNA sigue vivo y habrá que insistir en que se complete y consolide su integración y funcionamiento.
RIESGOS QUE ENFRENTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN EFICAZ AMBIENTE ANTICORRUPCIÓN
1.- Desechar el Sistema Nacional Anticorrupción.- Sería un retroceso optar por revertir la reforma anticorrupción y eliminar el SNA en favor de una nueva agencia anticorrupción conlleva un alto riesgo de que ésta sea capturada con fines de control político.
México requiere de un entramado de instituciones bien coordinadas para potenciar la acción institucional y atacar desde sus causas la corrupción, así como prevenir, detectar, investigar y sancionar estas prácticas.
2.- Subordinar las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción a intereses políticos.– Los nombramientos de los funcionarios y magistrados que integrarán el SNA son el eslabón más frágil en su implementación. La designación a modo de estos puestos debilitará la efectividad futura del propio Sistema.
3.- Minimizar, aislar y debilitar la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.- La implementación de las funciones y responsabilidades del SNA entraña la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para su correcta operación, los cuales tienen como fuente de financiamiento el presupuesto público.
4.- Debilitar la implementación del andamiaje anticorrupción en los estados.- Las resistencias para la implementación del andamiaje anticorrupción siguen siendo fuertes en las entidades federativas. Destacan dos problemas: Retrasos de los Congresos locales para hacer los ajustes legislativos que permitan la instalación de los Sistemas, así como múltiples intentos para capturar políticamente los titulares de algunas de las instituciones integrantes del Sistema, lo que merma su autonomía política en menoscabo de su futuro desempeño.
Paises como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia. Algunos han llevado a prisión a ex presidentes, como Perú, Brasil Guatemala y Argentina.
Veamos a manera de ejemplo a Brasil. Michel Temer, quien gobernó Brasil de 2016 a 2018, llegó al poder después de que el Congreso destituyera a Dilma Rousseff por maquillar las cuentas públicas, es el último pez gordo que cae dentro de la red de la operación “Lava Jato”, el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.
La operación “Lava Jato” ya antes llevó al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores. Lula y Temer sólo son los casos más visibles de una operación que ha provocado la caída de ministros, congresistas y empresarios como Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora Odebrecht, una compañía que tejió una red de sobornos en varios países de América Latina, entre ellos México.
La lucha anticorrupción en Brasil ha sido tan efectiva que ha llegado a los niveles más altos del poder político y económico.
Los pilares de su sistema, que México puede tomar como ejemplo son: una larga historia de construcción legal y organizacional para combatir la corrupción que han permitido que las diferentes partes de este entramado de instituciones haga, cada cual su parte, gracias a que tienen certeza jurídica y, sobre todo, han invertido en fortalecer sus capacidades técnicas y organizacionales, todo bajo un respeto básico del Estado de Derecho. Destacan la independencia del Poder Judicial brasileño, especialmente del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior de Justicia.
LA POLÍTICA SIEMPRE SERÁ PARTE DE PROCESOS DE ALTO IMPACTO
Los seguidores de Lula y Roussef, del Partido de los Trabajadores, y de Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, han criticado los casos afirmando que la justicia se ha empleado con fines políticos. Sin embargo, hay una diferencia con el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE.
Agrega que “La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas.
De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial.
Si no se da prioridad a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, en algunos años nos lamentaremos y quizá digamos: “Lo que no fue no será”, en materia de combate a la corrupción.
Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos, pues cae en la violación de la presunción de inocencia.
Debe cumplir con una de sus principales promesas de campaña y comprometerse, con hechos, a fortalecer nuestro incipiente Sistema Nacional Anticorrupción y permitir que actúen con plena autonomía e independencia, y con absoluto apego a la legalidad, las instituciones que lo conforman.
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