Buscan diputadas establecer un “ingreso único vital” para población afectada por COVID-19

POR CECILIA GARCIA

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, y las legisladoras Lorena Villavicencio Ayala (Morena) y Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) buscan la constitución de un “ingreso único vital”, temporal y no condicionado, para las personas que tendrán una disminución en sus recursos por la emergencia sanitaria por COVID- 19.

Ante ello, se propuso al Ejecutivo Federal otorgar un Ingreso Único Vital, temporal y no condicionado a personas desempleadas a consecuencia de la emergencia sanitaria a través de un apoyo directo por un monto que deberá definirse en base a la línea de bienestar. “Se propone que apoyo económico directo se entregue través de tarjetas o los medios que sean necesarios por un monto de $3,746.00 pesos, por tres meses”.

En un punto de acuerdo plantean beneficiar a la población que se dedica al sector informal y a las personas que pierdan su empleo.

Resaltan que las medidas de salubridad implementadas para contener la pandemia y proteger las vidas, están teniendo efectos inmediatos en los ingresos laborales de las 55,683,450 personas que estaban ocupadas a finales del 2019. Pero la magnitud de esa consecuencia será distinta para cada una de esas 55 millones de personas: habrá quienes conserven su empleo formal, quienes lo pierdan y quienes sigan laborando en la medida en la que sus productos y servicios sean solicitados.

Alrededor del 16 por ciento de los hogares mexicanos reciben al menos el 50 por ciento de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia -trabajo doméstico, comercio ambulante, pequeños negocios de servicio, comercio en establecimientos, otros sectores vulnerables- y/o de las remesas provenientes de otros países.

Menciona que el ingreso único vital reduciría los efectos negativos de la pandemia y aceleraría la reactivación económica. Además, es indispensable para que la emergencia no condene la pobreza y a la vulnerabilidad a millones de hogares.

Relata que los recursos para esta estrategia tendrían como vía de implantación, el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, cuyo objetivo es mitigar los efectos adversos que circunstancias extraordinarias puedan tener sobre el bienestar de las familias y, así ayudar a garantizar “las condiciones mínimas para el bienestar integral”. Este plan, podrá funcionar como el instrumento administrativo para desplegar el ingreso único vital para las medidas económicas y de apoyo en especie ante la emergencia ante el COVID-19.

Las legisladoras exponen que para seleccionar a las personas beneficiarias, el programa extraordinario incorporaría a aquellas que lo soliciten, que no cuenten con seguridad social ni sean ya beneficiarios de algún programa social, utilizando la CURP de las y los solicitantes para corroborar su falta de derechohabiencia en el Seguro Social, y los registros de los programas sociales para identificar su condición de no beneficiarios.

Señalan que al menos el 30 por ciento de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer, que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad.

Además, la mayoría de los trabajadores mexicanos tienen condiciones laborales poco seguras. El 74 por ciento del total de los empleados pertenece a una de las siguientes poblaciones vulnerables: personas trabajadoras por cuenta propia, quienes laboran sin remuneración, personas dueñas de un micronegocio o personas asalariadas sin contrato o con contrato por obra determinada. No todas estas personas son pobres, pero sí tienen fuentes de ingreso poco estables que corren el riesgo de reducirse o ser eliminadas en esta crisis.

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CAPTCHA