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Acusa el gobierno federal a  la SCJN de querer ocupar el lugar del Congreso

porcosmopoliticoAdmin

May 10, 2023
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, convoca a las y los integrantes de la LXV Legislatura a la Sesión de Congreso General, que tendrá verificativo el martes 1 de febrero del año en curso, a las 11:00 horas, en el recinto de San Lázaro. Lo anterior de conformidad con los artículos 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 1; 5, numeral 2; 6; y 23, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe recordar que a la Sesión de Congreso General deben acudir, además de las y los 500 diputados, las 128 senadoras y senadores del país, que juntos conforman el Congreso de la Unión. De esta forma dará inicio el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, es decir, el tiempo en el que las y los legisladores discuten, analizan y aprueban leyes, cambios a las existentes e incluso reforman a la Constitución.

Desde la Redacción/

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará la primera parte del Plan B de la Ley Electoral, el gobierno federal advirtió que si la SCJN invalida el proceso legislativo incurriría en sustituir al Congreso de la Unión.

La Presidencia de la República dijo que la división de poderes prohíbe a  la Suprema Corte establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva dicha facultad al Congreso de la Unión.El ministro instructor propuso anular la totalidad del decreto al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, sin embargo, el Gobierno Federal sostiene que ello es falso.

“De la lectura al proyecto se constata que el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la norma fundamental, pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido”, acusó.

Se señala también al ministro ponente de no estudiar que el decreto impugnado fuera expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la propia Primera Sala de la SCJN, a pesar de que constituye una cuestión de interés público.

Por otra parte se niega que se haya transgredido el principio de deluberacion democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B electoral el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, incluso con los criterios de la propia Suprema Corte.

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